Escrito
La mitad de la población de Puerto Rico no tiene los medios para adquirir una vivienda. Ya sea por los altos costos asociados con la compra de una propiedad o por la escasez de oferta de propiedades. El gobierno tampoco hace mucho para ayudar. Lamentablemente, esto ocurre a pesar del derecho humano a la vivienda adecuada, que incluye como parte de sus elementos que la vivienda sea asequible. Una vivienda se considera asequible cuando un hogar destina menos del 30% de sus ingresos en gastos relacionados con la vivienda.
En Puerto Rico, el 44% de las personas pagan una renta entre $500 y $1,000. Aproximadamente el 34% de la población viven alquilados. Recientemente, un grupo de expertos opinó que los puertorriqueños podrían beneficiarse si volvemos a implementar una ley que regule los precios del alquiler en Puerto Rico, tal y como se hacía hasta el 1995 con la Ley de Alquiler
Razonable.2 Su argumento se centra específicamente en el caso de los caseros corporativos y el control que tendrían, de no ser regulados, sobre una necesidad humana como lo es la vivienda.
Por otro lado, hay quienes argumentan que sería un error. Se argumenta que la antigua Ley de Alquileres Razonables fue la causante del deterioro en Santurce y Río Piedras. Esto, porque algunos dueños de propiedades, que no necesariamente la tienen para lucrase, pierden control de lo que necesitan generar con el alquiler de la propiedad para cubrir el gasto de la hipoteca, y deciden abandonarla. En fin, parece ser una medida que puede ayudar, si se hace de una forma planificada, balanceada, y considerando todos los sectores. Ya que, es una herramienta que evitaría el continuo desplazamiento de las personas que viven en niveles de pobreza, cuya acción indirectamente crea más pobreza.
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.