La escuela pública en Puerto Rico atraviesa una de las crisis más brutales de su historia. Cada día, alrededor de 236,000 estudiantes asisten a escuelas que operan con limitadísimos recursos, infraestructura deteriorada y crasas deficiencias administrativas. Lo anterior es reflejo de una clara y preocupante ausencia de planificación a mediano y largo plazo. Aunque desde el gobierno se insiste en que la educación es una prioridad, la experiencia cotidiana de estudiantes, maestros y familias demuestra una realidad muy distinta.
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) administra el presupuesto más grande del gobierno: más de $5.3 BILLONES para el año fiscal 2024-2025. Sin embargo, según investigaciones, cerca de $3.2 billones de esos fondos (61%) se destinan a gastos administrativos y operacionales que no van directamente al salón de clases. Esto ocurre en un claro incumplimiento con la Ley de Reforma Educativa, que establece que al menos un 70% ($3.7 billones) del presupuesto debe invertirse en la gestión educativa directa. Ese incumplimiento resalta un patrón estructural de un gobierno con prioridades desenfocadas.
Aunque el gasto total consolidado por estudiante ronda los $22,311 anuales, la cifra que efectivamente llega al estudiante es dramáticamente menor. Para el 2025, el DEPR se comprometió con una asignación base de apenas $2,151 por estudiante, lo que representa solo un 9.5 % del presupuesto total. En otras palabras, se pretende convencer al país de que con menos del 10 % del presupuesto se cubren las necesidades educativas, mientras el restante 90% se maneja fuera del salón de clases.
Este problema no es nuevo. Durante años, expertos y entidades fiscalizadoras han advertido que fondos clasificados como “Servicios Directos al Estudiante” se desvían hacia gastos administrativos que no impactan el aprendizaje. Entre 2018 y 2020, mientras la matrícula estudiantil se reducía, aumentó el número de empleados administrativos y se recortaron gastos en materiales y equipos educativos. A esto se suman más de $200 millones en contratos vigentes, muchos de asesoría, aprobados en medio de una crisis fiscal y educativa.
El resultado es un sistema atrapado en un cambia y cambia constante de Secretarios de Educación, decisiones improvisadas, denuncias de mal manejo de fondos y una profunda falta de transparencia. No sorprende, entonces, que el DEPR opere bajo supervisión del gobierno federal, lo que refleja la desconfianza que se tiene sobre la capacidad de nuestro Departamento de Educación en administrar responsablemente fondos públicos.
Las consecuencias de todo lo anterior recaen directamente sobre nuestros estudiantes, el futuro de nuestro país. En evaluaciones de aprovechamiento académico, los estudiantes de Puerto Rico continúan obteniendo resultados por debajo del promedio en áreas fundamentales como lectura y matemáticas.
Que esta patética realidad de nuestras escuelas públicas cambie para bien, requerirá decisiones valientes, cumplimiento estricto de la ley, transparencia en el manejo del presupuesto y una ciudadanía dispuesta a exigir que el dinero de la educación llegue, finalmente, a donde siempre debió llegar: al salón de clases.