Publicado originalmente en El Nuevo Día.
El juez del Distrito de Massachusetts del Tribunal Federal William G. Young escuchará hoy los argumentos a favor y en contra de que declare inconstitucional, en una sentencia sumaria, las restricciones impuestas por el Congreso de Estados Unidos en la aplicación, en Puerto Rico, de los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y la Parte D de Medicare.
Los diez demandantes basan su reclamo en el derecho constitucional de igual protección ante las leyes que, según alegan, el gobierno federal les viola cuando discrimina en su contra negándoles estos beneficios que obtendrían las demás jurisdicciones estadounidenses.
Es una especie de secuela al pleito conocido como Harris vs Rosario que se resolvió en 1980 cuando el Tribunal Supremo estadounidense declaró que el gobierno federal podía discriminar en los programas contra los residentes de Puerto Rico siempre que haya una “base racional” para tal decisión. Los demandantes de ahora alegan que las razones dadas por el gobierno no son racionales, sino puramente discriminatorias. El Departamento de Justicia federal, por el otro lado, alega que el escenario jurídico no ha cambiado y que la “base racional” para el trato desigual continúa vigente.
El juez Young, sin embargo, negó la petición del gobierno estadounidense a desestimar el pleito.
Recientemente, un panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal en Boston coincidió con una sentencia del juez federal Gustavo Gelpí que estableció que, bajo el derecho constitucional de igual protección ante las leyes, el gobierno estadounidense no podía quitarle el SSI al ciudadano José Vaello Madera simplemente porque se mudó de Nueva York a Puerto Rico, jurisdicción no cubierta por la ley orgánica del programa. El Departamento de Justicia estadounidense no ha anunciado si apelará la determinación ante el Tribunal Supremo de EE.UU.
El caso contra Vaello Madera ofrece un contexto favorable para que judicialmente se extiendan los beneficios a Puerto Rico, estimó José Fernández Bjerg, un banquero retirado y filántropo que fundó la organización US Citizens For Equal Protection, que aboga por la equidad de los residentes de Puerto Rico en los programas federales a individuos. Esta organización es la que financia el pleito de los demandantes.
La intención de Fernández Bjerg , y de las personas que lo acompañan en la iniciativa es retar sistemáticamente el trato desigual que reciben los residentes de Puerto Rico como alternativa para aliviar la pobreza y mejorar la economía en general.
“En estos tres programas (SSI, SNAP y Medicare), si lo aplican aquí como en otros estados, se podría allegar a la economía $6,000 millones y sería dinero recurrente”, dijo Fernández Bjerg.
Según la Encuesta de la Comunidad del Censo, para 2018 en Puerto Rico, alrededor del 43% de las personas vivía con ingresos por debajo del nivel de pobreza. Eso es más del doble que el estado más pobre de EE.UU., Misisipi, con 19.8%.
La “base racional” que avaló el Tribunal Supremo de EE.UU. en el 1980 (Harris vs. Rosario) se centraba en la idea de que los residentes de Puerto Rico no pagan contribuciones sobre ingreso a nivel federal, que sería altamente costoso igualar a Puerto Rico con otros estados y que la concesión de estos beneficios perturbaría la economía puertorriqueña.
“Y eso no es cierto. Nada más que, entre el 1999 y el 2014, Puerto Rico pagó $4,200 millones (en promedio) anual en contribuciones federales”, dijo Fernández Bjerg citando informes del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. Del mismo modo, calificó como absurda la idea de que un aumento en lo que el gobierno invierte en Puerto Rico afecte negativamente la economía. Tampoco es una carga económica que EE.UU no puede manejar en momentos que se gastan trillones de dólares en incentivos para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19.
El SSI no ha sido extendido a Puerto Rico desde su concepción. Puerto Rico tampoco participa en el SNAP. En su lugar, el gobierno de EE.UU. estableció el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que provee menos beneficios y tiene un límite en los fondos que se reparten para ayudar a la alimentación de las familias más desventajadas.
Por su parte, los demandantes cuestionan por qué en la isla no se extiende la Parte D de Medicare que establece un incentivo federal para que las personas de bajos ingresos adquieran un plan médico. En su lugar, el gobierno estadounidense proveyó una serie de fondos para financiar parte del programa de salud Vital (antes conocido como Mi Salud) que se agotaron en 2017. Asignaciones posteriores del Congreso para costear el programa estatal de Salud han surgido como secuela de la catástrofe provocada por el huracán María y la estrechez económica con que se maneja el gobierno estatal.
El caso es apoyado por organizaciones como Espacios Abiertos, la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, la Asociación de Industriales y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).
“El objetivo principal de todo es retar esta serie de programas -son como de 18 a 20 programas- que discriminan contra Puerto Rico”, dijo, por su parte, el abogado José González Irizarry.
Fernández Bjerg, quien ha dedicado una buena parte de su riqueza para combatir la pobreza y proveer oportunidades educativas a residentes en Puerto Rico con la fundación Kinesis, indicó que la iniciativa no busca adelantar agendas partidistas ni opción alguna de status político.
“Ese ha sido mi miedo todo el tiempo (que se interprete como una agenda partidista o ideológica). Yo no pertenezco a ningún partido. Esto no es de colores. Estos son beneficios para los pobres, sean estadistas, populares o cualquier ideología. Muchos de estos programas los teníamos hace décadas, pero los quitaron y eso contribuyó al descenso tremendo que ha tenido la economía”, dijo Fernández Bjerg.
Mencionó, por ejemplo, que el programa de asistencia nutricional que recibían los residentes pobres de la isla era similar a los demás estados. Sin embargo, el Congreso lo cambió el programa para establecer un tope a lo que reparte a los más desventajados en Puerto Rico.