Por TELEMUNDO PR
El gobernador Pedro R. Pierluisi viajó este martes hacia la Capital Federal en Washington, D.C. para continuar abogando por trato igual en el programa de Medicaid de Puerto Rico. El gobernador participará esta semana de múltiples reuniones en el Congreso de cara al 30 de septiembre de 2021, fecha límite para que tanto la Cámara como el Senado federal provean una asignación de fondos al programa Medicaid de Puerto Rico y se logre evitar el “precipicio fiscal”.
La semana pasada el primer mandatario envió una carta a los líderes del Congreso exhortándoles a corregir permanentemente el trato desigual que recibe Puerto Rico en la aportación federal al programa de Medicaid en la isla.
La carta subraya que, aunque el Congreso limitó la asignación de fondos al programa y la tasa de pareo que recibe del gobierno federal, por la pasada década ha proporcionado aumentos temporeros por encima de las asignaciones establecidas debido a la clara insuficiencia de fondos para cubrir las necesidades médicas de Puerto Rico.
En la carta, Pierluisi insiste en que el programa de salud de Puerto Rico carece de los fondos necesarios cuando se compara con los estados más pequeños con mayores ingresos per cápita. La misiva añade que esto ha contribuido a la prevalencia de enfermedades crónicas y la falta de infraestructura médica en Puerto Rico.
“Exhorto a los líderes del Congreso a elaborar una solución permanente que corrija las disparidades en el programa Medicaid de Puerto Rico y provea el mismo acceso a los servicios de salud que existe a través de nuestra nación. Puerto Rico merece tener un trato similar al de un estado en el programa de Medicaid de la Isla, y cualquier cosa menos que eso representa discrimen contra los ciudadanos más vulnerables de nuestra Isla simplemente por su ubicación geográfica. Necesitamos una solución a largo plazo para este problema”, declaró el gobernador.
El ejecutivo advirtió que si no se asignan los fondos al programa de Medicaid podría causar la desafiliación de cientos de miles de beneficiarios actuales de Medicaid. Además, pudiera provocar reducciones en los beneficios, interrupciones en el financiamiento del programa de hepatitis C, recortes en otros programas de salud y la reducción de pagos a proveedores que aumentará la fuga de médicos y beneficiarios y continuará debilitando el ya frágil sistema salubrista en Puerto Rico.