Por El Nuevo Día – Don Abraham Rivera, de 70 años, tomó a su hijo Emanuel Rivera Fuentes, de 35 años, en sus brazos para ubicarlo en la silla de ruedas y cruzaron la avenida, acompañados por la madre del joven, de 65 años, apoyada de un andador.
Llegaron hasta los portones del Tribunal Federal, donde se encontraron con Arnold Jay Ruiz Avilés, quien necesitó aguantarse de sus padres para poder caminar desde el estacionamiento.
Las familias de ambos jóvenes se reunieron allí para reclamar que los tribunales atiendan con urgencia los procesos en contra de la exclusión de los residentes de la isla en el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
“Es necesario, urgente, porque mientras más tiempo se tarden, peor es para ellos”, expresó Don Abraham. “Nosotros para ayudarlo con sus necesidades, necesitamos más ayuda, una ayuda que nos han negado totalmente todo el tiempo”.
“Mi hijo no tiene terapias porque no tenemos cómo dársela. El gobierno no nos suplen tampoco ese beneficio. Necesitamos un equipo que también necesita, que tampoco los podemos costear de nuestro bolsillo”, agregó. “Así que ante esa situación, todos necesitamos urgentemente que el gobierno tome esa decisión y nos apruebe el beneficio para mi hijo y para todos los que lo necesitan”.
A nombre de Rivera Fuentes, la licenciada Isabel Abislaimán presentó una demanda de clase contra el gobierno de Estados Unidos y la Administración del Seguro Social, en el Tribunal Federal de San Juan, donde el caso se mantiene paralizado hace un año.
Igual ha pasado con una demanda similar que sometió a nombre de Ruiz Avilés, pues permanecen estancados en espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo de Estados Unidos en otro caso.
El máximo foto federal pautó para el 9 de noviembre una vista oral en el caso de Luis Vaello Madero, después de que el Tribunal Federal en San Juan y el Circuito de Apelaciones de Boston declararan inconstitucional la exclusión de ese ciudadano cuando se mudó de Nueva York a Puerto Rico.
“Tenemos prisa. Estas familias tienen prisa”, manifestó Abislaimán. “Por eso comparecimos mediante este escrito de amigo de la corte, para que cuando el tribunal vea las familias, sepa que está relacionado con algo que está pasando en este edificio”.
En su caso, Ruiz Avilés recibió el SSI cuando vivió en Estados Unidos, pero tuvieron que mudarse a Puerto Rico.
Sin ese ingreso, su familia ha visto la dificultades económicas para que el joven tenga las terapias que necesita.
“Es bien urgente, sumamente urgente. Nosotros le proveemos a él todo lo que podemos dentro de nuestras capacidades. Obviamente él tiene múltiples necesidades. Sabemos que el SSI no es un Power Ball, pero es una ayuda necesaria que va a facilitar tantas cosas”, indicó Sandra Avilés, madre de Jay.
Detalló que, entre otros asuntos, su hijo necesita revisar su diagnóstico, que originalmente se hizo en Staten Island, en Nueva York.
“Nosotros tenemos que habilitar un baño para él porque todo se hace en base al baño regular. Necesitamos un vehículo adaptado a sus necesidades. Necesitamos que tenga las terapias correctas que realmente lo ayudarían”, agregó Avilés, al mencionar, por ejemplo, terapias visuales y del habla. “Son muchas las cosas y hay tratamientos nuevos que yo sé que pueden ser cubiertos por este beneficio, pero que no cubren los seguros médicos”.
Para el padre de Jay, Arnold Ruiz, resulta inconcebible la exclusión del SSI. No solo destacó que por años pagó impuestos federales mientras trabajó en Estados Unidos, sino que Puerto Rico paga más contribuciones federales que seis estados continentales.
“El cuento es que vivimos en una colonia, un territorio, no es suficiente para nosotros, porque sabemos que en las Islas Marianas (del Norte) es un territorio también y allá sí lo reciben, sabemos que Washington DC, que tampoco es un estado, sí recibe estos beneficios allá”, planteó.
“Nosotros exigimos los beneficios y derechos que le corresponden a esta población puertorriqueña”, añadió. “Eso de decir que no pagamos contribuciones en Puerto Rico, eso es falso, totalmente falso”, abundó Ruiz, en relación a uno de los argumentos del gobierno federal en contra de extender el beneficio a la Isla.
De eliminarse la exclusión, se estima que unas 300,000 personas serían elegibles para recibir el beneficio en la isla. La Junta de Supervisión Fiscal ha estimado que se podría traducir en $1,000 millones en transferencias federales a Puerto Rico anualmente.
Pero Don Abraham sostiene que el tiempo apremia. Piensa, por ejemplo, en su hija Brenda, que también tenía ceguera, epilepsia y esquizofrenia. Falleció en marzo de 2020. Para ese entonces, le habían rechazado el SSI en varias ocasiones.
“Mi hija se hubiera beneficiado grandemente”, lamentó. “Ahora no la tenemos con nosotros, pero sí lo reclamamos porque también tenía derechos, mientras vivía, a recibir esa beneficio”.
“Cuando uno tiene un hijo como mi hijo (Emanuel), que necesita urgentemente una parte económica para cubrir sus necesidades, no podemos seguir esperando, eso es urgente. Tienen que decidir ya, porque ellos están postergando y postergando el caso. Que no le den más larga al asunto, y que decidan urgentemente lo que vayan a decidir”, afirmó.