El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito determinó que Luis Vaello Madero no tenía que devolver $28 mil del Seguro Social Suplementario
- Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 05/09/2020
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitó a la Corte Suprema federal que revoque al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito que determinó que Luis Vaello Madero no tiene que devolver los $28 mil del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SIS), del Seguro Social luego de haberse mudado de Nueva York a Puerto Rico en donde los ciudadanos americanos no reciben los beneficios de ese plan.
“La importancia de la pregunta presentada subraya la necesidad de la revisión de este Tribunal. SSI es un programa federal importante y su extensión a Puerto Rico tendría consecuencias importantes. Según una estimación citada por la Corte de Apelaciones, la extensión de SSI a Puerto Rico podría aplicarse a más de 300,000 residentes puertorriqueños cada mes…La Administración del Seguro Social estima que extender SSI a Puerto Rico costaría aproximadamente $ 23 mil millones durante los próximos diez años”, reza la moción presentada por el Departamento de Justicia federal.
Afirman que el SS estima que extender el programa de SSI a otros territorios más allá de Puerto Rico constaría otros $700 millones durante los próximos diez años.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la orden del juez del Distrito de Puerto Rico Gustavo Gelpí, quien concluyó que Vaello Madero no tenía que devolver el dinero.
En su orden Gelpí observó que el artículo IV de la Constitución (estadounidense) le confiere al Congreso el poder para habilitar reglas y regulaciones en los Estados Unidos.
“Sin embargo, esta cláusula no es una carta blanca para que el Congreso apague y prenda a su conveniencia los derechos constitucionales del Debido Proceso y la Igual Protección que disfrutan los ciudadanos por nacimiento se mudan de los estados a Puerto Rico”, señala la orden de Gelpí.
Expone que el Congreso no puede menospreciar a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico con el estigma de una ciudadanía inferior a la de sus congéneres en todo Estados Unidos.
“Sostener lo contrario sería estar en conflicto con el principio sacrosanto contenido en la Declaración de Independencia de que Todos los Hombres son Creados Iguales”, afirma.
“Clasificar a un grupo de los ciudadanos estadounidenses más pobres y necesitados de la nación como de una segunda clase simplemente porque residen en Puerto Rico no es bajo ningún concepto, racional”, añade la orden.