Tue, Aug 4, 2020 / Por redacción de Sin Comillas
El juez federal William Young determinó el lunes que es inconstitucional que tres programas federales nieguen sus beneficios a los puertorriqueños. El juez ordenó que el gobierno de Estados Unidos brinde acceso a los residentes de Puerto Rico a los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) y a los subsidios por bajos ingresos (LIS) de la parte D de Medicare, que cubre medicamentos recetados.
“Esta decisión era la que esperábamos después de que el pasado 4 de junio, se llevó frente al Hon. Juez William G. la vista del caso de Peña-Martínez vs. US Department of Health and Human Services, ante el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico. Donde se alegó, por nueve demandantes, que los Estados Unidos discrimina ilegalmente en contra de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico en los programas de Seguro Social Suplementario (SSI), Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y la Parte D de Medicare (LIS) en violación de la Cláusula de la Igual Protección de la ley de la Constitución Federal que nos cobija”, comentó José E. Fernández, presidente de U.S. Citizens for Equal Protection in PR.
El juez Young instruyó a las partes que presentarán alegatos en o antes del 25 de junio sobre si el beneficio del SSI, de fallarse a favor de los demandantes, sería la aplicación exclusiva a los nueve demandantes o la restricción a los residentes de Puerto Rico se anularía al declararse inconstitucional, quedando disponible el beneficio para todos los puertorriqueños residentes que cumplan con los requisitos.
“Hoy celebramos la decisión del juez Young, la igualdad en estas ayudas de los programas de beneficencia les pertenecen a los puertorriqueños, pues somos ciudadanos americanos con los mismos derechos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos desde 1917. El obtener estas ayudas de igualdad aliviaría los altos niveles de pobreza en Puerto Rico (43% de la población) y darían una mejor calidad de vida a los envejecientes, enfermos y discapacitados. La ayuda anual promediaría $2,500 millones recurrentes y seria canalizada directamente a las familias necesitadas”, señaló Fernández.
Ayer el tribunal revocó los argumentos sostenidos por el gobierno federal, considerando los mismos discriminatorios y solicitándole al gobierno federal un trato igual a los puertorriqueños y proveer la asignación completa en las ayudas. Los próximos dos meses son cruciales para que esta determinación prevalezca y los puertorriqueños puedan comenzar a recibir las ayudas que le corresponden.
Aproximadamente 1,724,760 personas en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza, un 43% de la población. En Estados Unidos esa proporción es 11% y el 19.7% en Mississippi, considerado el estado más pobre de la nación. En Puerto Rico hay municipio con un 70% de la población bajo el nivel de pobreza.
U.S. Citizens For Equal Protection, Inc., es una fundación sin fines de lucro cuyo propósito es hacer valer que los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico tengan los mismos beneficios y protección bajo la Constitución de los Estados Unidos de América, sin importar donde residen. La organización no está afiliada con ningún partido, ideal o candidato político.