Es alentador ver cómo el gobierno pluralista ha funcionado este año para mejorar las condiciones de los puertorriqueños mediante un aumento al salario mínimo y la legislación que permite viabilizar la extensión a la isla del programa federal Crédito por Trabajo, o EITC como se conoce en inglés.
Pero esos dos logros no deben generar complacencia. El impulso tiene que continuar para moverse a un tema en el que, hasta ahora, el gobierno de Puerto Rico ha sido negligente. Se trata de la propuesta del presidente Joseph Biden al Congreso para establecer la paridad para Puerto Rico en los programas de beneficiencia, particularmente Medicaid, el programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
La Casa Blanca lanzó la propuesta en mayo y, ¿qué han hecho nuestros oficiales electos para adelantarla allá, donde vale, en el Congreso?
Es realmente sencillo. Si Puerto Rico no defiende la paridad para Puerto Rico, nadie la va a defender. Biden lanzó al ring la posibilidad de un mejor futuro para los más necesitados de la isla, pero sin pelea, no habrá victoria.
Si los representantes, cabilderos o delegados que cualquier sector de Puerto Rico pueda tener en Washington DC no están, ahora mismo y de manera prioritaria, empujando esa propuesta de Casa Blanca, no están trabajando para Puerto Rico. Y eso incluye a la Junta de Supervisión Fiscal, que durante sus cinco años se ha dedicado a recortarle recursos a la población de Puerto Rico y aquí tiene la oportunidad de sumar recursos.
Esto no es para relegarlo o condenarlo al marasmo de las discusiones de status; es para la unión de todo el espectro político en favor de hermanos y hermanas de carne y hueso. Lo que está sobre la mesa es, según las cifras más recientes del gobierno federal:
SSI: De unas 34,000 personas discapacitadas que reciben hasta $64 al mes bajo una versión limitada de este programa, podríamos llegar a 350,000 recibiendo hasta $733 mensuales, para una inyección de hasta $1,800 millones anuales a la economía de la isla.
SNAP: La asistencia nutricional podría llegar a 1.1 millones de hogares que, en vez de unos $247 que reciben ahora, recibirían $286 mensuales. En total, cerca de $700 millones anuales más de lo que se recibe ahora.
Medicaid: De menos de $1,000 millones que se reciben, la cantidad anual podría llegar a $2,000 millones, lo que contribuiría a que de alrededor de un millón de cobijados actuales el beneficio llegue a hasta 2 millones de personas.
Nuestra organización, U.S. Citizens For Equal Protection, mantiene activa una demanda federal que persigue la paridad en SNAP, SSI y la parte de Medicare que cubre medicamentos. Ya tuvimos decisión a favor de un juez, pero, igual que otros casos relacionados a la extensión de beneficios a los ciudadanos americanos en los territorios, el proceso está suspendido pendiente a la conclusión del caso US v Vaello Madero ante el Tribunal Supremo federal.
Sin embargo, los esfuerzos para conseguir la paridad mediante la propuesta de Biden en el Congreso no están sujetos a ninguna paralización judicial. A lo que están sujetos es a que seamos diligentes y nos enfoquemos para conseguirla.