Por El Nuevo Día – Washington D.C.– Al rechazar una demanda de 25 hospitales de Puerto Rico, el Primer Circuito de Apelaciones federales afirmó recientemente que corresponde al Congreso revisar la fórmula que determina el reembolso de Medicare a las instituciones hospitalarias de la Isla por los servicios que rinden a un alto número de pacientes de escasos recursos.
El foro de apelaciones, con base en Boston (Massachusetts), mantuvo el pasado 18 de agosto la constitucionalidad de ese sistema – conocido por sus siglas en inglés DSH- y descartó que represente un acto de discriminación racial, pese a que incluye como parte de la estructura de reembolsos contar los pacientes que tienen acceso al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que no está vigente en la Isla, lo que provoca una reducción en los pagos a los hospitales de Puerto Rico.
Ese mismo foro, sin embargo, determinó en abril de 2020 que es inconstitucional, por violar la cláusula de igual protección de las leyes, la exclusión de Puerto Rico del SSI, una controversia que está ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Aunque reconoce el debate pendiente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el panel de apelaciones, en una nota al calce, advirtió que los hospitales de Puerto Rico no presentaron un reto similar, sino que se centraron en cuestionar como el secretario de Salud estadounidense implanta la ley que regula el reembolso por DSH.
En su opinión, el juez Steven James McAuliffe, del Tribunal Federal de Nuevo Hampshire y quien formó parte del panel de apelaciones, sostuvo que en vez de impugnar la exclusión de Puerto Rico del SSI como una violación a la igual protección de las leyes, los hospitales argumentaron que era la interpretación de la ley que hace el Secretario de Salud lo que constituye un acto inconstitucional.
“Si es inconstitucional excluir a Puerto Rico del SSI, debería serlo el aplicar la fórmula de reembolsos (DSH) a los hospitales de la Isla”, indicó hoy Jeffrey Farrow, quien fue copresidente del grupo de trabajo de la Casa Blanca de Bill Clinton sobre Puerto Rico.
En este caso – en que se apeló una decisión de la jueza del Tribunal Federal de San Juan Aida Delgado-, las instituciones hospitalarias de Puerto Rico, incluidos los hospitales del Maestro, Damas, Pavía, San Pablo y San Francisco, demandaron al secretario de Salud de Estados Unidos por entender que la inclusión del SSI en la fórmula para determinar los reembolsos de DSH discrimina contra la Isla.
En 1986, el Congreso de Estados Unidos incluyó a Puerto Rico en el programa de reembolsos de Medicare DSH. No obstante, la inclusión del SSI en la fórmula de pago ha tenido el efecto de reducir el dinero que reciben los hospitales de la Isla.
En su demanda, los hospitales alegaron que el Secretario de Salud de Estados Unidos erra en la implantación de la ley, por entender que es inconsistente con el estatuto que regula el programa Medicare, los procedimientos administrativos y la cláusula constitucional de igual protección de las leyes.
El panel de tres jueces del Primer Circuito de Apelaciones rechazó ese argumento.
“También estamos de acuerdo con el tribunal de distrito en que los hospitales no han demostrado que fueran víctimas de discriminación ilegal o inconstitucional por parte del Secretario”, escribió el juez McAuliffe a nombre del panel, que incluyó a los jueces de apelaciones Jeffrey Howard, presidente del Primer Circuito, y David Barron.
Howard también participó de la decisión del Primer Circuito en el caso Vaello Madero, que fue escrita por el juez puertorriqueño Juan Torruella, quien falleció seis meses después, en octubre de 2020. Para Farrow, el contraste entre ambas decisiones resalta la influencia que tuvo Torruella en ese foro judicial.
En la opinión sobre la demanda de los hospitales, el juez McAuliffe – viudo de la astronauta Christa McAuliffe, quien murió en el accidente de la NASA de septiembre de 1986-, destacó que el Congreso conoce de la reducción de pagos a Puerto Rico por medio de la fórmula del DSH.
“Si bien entendemos la perspectiva de los hospitales, y comprendemos las desventajas económicas que describen, su reclamo de un alivio legal se queda corto”, afirmo McAuliffe, al acentuar que el Congreso ha podido remediar cualquier reducción de pago a Puerto Rico, si así lo quisiera hacer.
La congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) presentó en abril pasado un proyecto de ley que persigue, entre otras cosas, que la fórmula DHS tome en cuenta si un paciente de escasos recursos económicos tiene acceso a un plan médico público estatal. En el pasado, comisionados residentes de Puerto Rico tambien han elevado el asunto ante el Congreso.
La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, como los congresistas de origen boricua, promueven también la inclusión de Puerto Rico en el SSI, un programa que beneficiaría a cerca de 350,000 personas en la Isla.
Tras prometer durante la campaña de 2020 actuar sobre el asunto, el presidente Joe Biden ha pedido al Congreso incluir a Puerto Rico en el SSI. Pero, el presidente Biden avaló que su Departamento de Justicia mantuviera la impugnación de la decisión del Primer Circuito que declaró inconstitucional excluir a los residentes de la Isla de ese programa.
Los jueces del Primer Circuito revisan las apelaciones de los tribunales federales de distrito de Puerto Rico, Massachusetts, Maine, Nuevo Hampshire y Rhode Island.
El Senado tiene pendiente llevar a votación el nombramiento del juez Gustavo Gelpí, presidente del Tribunal Federal de San Juan, para llenar la vacante que quedó en el Primer Circuito de Apelaciones tras la muerte de Torruella.
Fuente: https://www.elnuevodia.com/corresponsalias/washington-dc/notas/el-primer-circuito-de-boston-avala-que-el-ssi-se-mantenga-en-la-formula-de-reembolso-de-medicare-a-los-hospitales-de-puerto-rico/