El 13 de abril de 2018, un grupo de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico presentaron una demanda contra el Gobierno Federal reclamando trato igual en cuanto a beneficios de los programas federales sobre Seguro Social Suplementario (“SSI”), “Supplemental Nutrition Assistance Program (“SNAP”) y subsidios de la Parte D de Medicare por bajos ingresos (“LIS”) por sus siglas en inglés. Según los demandantes, excluir a los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico viola la igual protección de las leyes bajo la Constitución de los Estados Unidos. Todos los demandantes cumplen con los requisitos para cualificar en uno o más de los programas federales señalados, pero por residir en Puerto Rico el Gobierno de los Estados Unidos le niega acceso a los mismos.
Por ejemplo, la demandante, Sixta Gladys Peña, es una ciudadana americana de 71 años que residió en Puerto Rico por 30 años. En el 2008 se mudó a la ciudad de Nueva York. Allí, recibía mensualmente $733 del SSI y $198 en beneficios de SNAP. La Sra. Peña se mudó de regreso a Puerto Rico en el 2016 y el pago de sus beneficios se redujo a tan solo $154.00 mensuales, cantidad que aumentó a $192.50 por un aumento temporero a sus beneficios tras el paso del Huracán María. La razón de la rebaja en beneficios responde única y exclusivamente a la mudanza de la señora Peña a Puerto Rico.
El Gobierno de los Estados Unidos solicitó la desestimación de la demanda por varios asuntos y fundamentos. El 27 de marzo de 2019, el Tribunal Federal, por conducto del Hon. Juez William Young, declaró sin lugar la moción de desestimación, lo cual permite que la demanda continúe el trámite legal correspondiente. Lee la Opinión del Tribunal Juez Young aquí.
En el caso, se unieron como amigos de la corte (“amicus curiae”) las siguientes organizaciónes en apoyo de las reclamaciones de los demandantes Espacios Abiertos, la Clínica De Derechos Humanos Internacionales Allard K. Lowenstein de la Universidad de Yale, la Congresista Nydia Velázquez, la Asociación de Industriales de Puerto Rico y MIDA.
El caso continúa su trámite en el Tribunal Federal de Puerto Rico y se espera una decisión final dentro de varios meses.