Por Manuel Guillama Capella Martes 02 de marzo de 2021
El gobernador Pedro Pierluisi planteó esta tarde que, a su entender, es el “personal de carrera” del Departamento de Justicia federal quien ha insistido en el proceso de revisión judicial de la determinación del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que daría acceso a los residentes de Puerto Rico a los beneficios del Seguro Social Suplementario (SSI, en inglés).
“Idealmente el presidente (Joe Biden) solicitaría al procurador general que, como un asunto de política pública, permitiera que la decisión del Primer Circuito prevaleciera y, de esa forma, permitir que todos los ciudadanos residentes en Puerto Rico fueran potencialmente elegibles a recibir los beneficios del SSI. No hay procurador general al momento, sino un procurador interino. Yo sospecho que el personal de carrera del Departamento de Justicia está empujando esta revisión, manteniendo vivo el certiorari”, mencionó Pierluisi en una conferencia de prensa luego de anunciado el proyecto que promueve la admisión de Puerto Rico como estado federado.
Ayer, precisamente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos informó que había acogido el pedido de revisión que sometió el Departamento de Justicia bajo la presidencia de Donald Trump.
Aunque Biden, en campaña, prometió que defendería el acceso de los residentes de Puerto Rico a los beneficios del SSI, que se conceden a personas discapacitadas de escasos ingresos, su administración, a la fecha no ha retirado la petición de certiorari ante el Tribunal Supremo.
Al presente, Elizabeth Prelogar funge como procuradora general interina de los Estados Unidos.
Se estima que el SSI podría representar un impacto de cerca de $2,000 millones anuales para la economía de Puerto Rico.
“Si por cualquier razón procede la revisión y la Corte Suprema resuelve, espero que hagan lo correcto. Cuando miras ese programa del SSI, no tiene nada que ver con si las personas elegibles pagan impuestos (federales) o no. Yo apuesto que la vasta mayoría de beneficiarios del SSI no pagan contribuciones federales. Es otro ejemplo de que los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico enfrentan discriminación simplemente porque viven en un territorio. No tiene sentido”, señaló el gobernador desde Washington DC.
La comisionada residente Jenniffer González, en tanto, dijo que la controversia sobre el programa federal es una “gran oportunidad para que la gente de Puerto Rico vea cuán desigual es el trato a nuestros adultos mayores”.
“Me encantaría que el Departamento de Justicia retirara el pedido (de revisión), pero no creo que pase ya que se concedió”, expresó la comisionada.
González añadió que, al momento, hay un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes federal que buscaría eliminar el trato desigual hacia los territorios bajo el programa de SSI que, de aprobarse, tornaría académica la polémica judicial.