Para la directora del ente fiscal, el gobierno de la Isla no está preparado para ofrecer todos los servicios de ese programa y por ende tener acceso a todo el financiamiento
Washington D.C. – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presiona en el Congreso a favor de que Puerto Rico tenga un trato “justo” o “equitativo” en el acceso a los fondos del programa Medicaid, pero no cree que el gobierno esté listo para poder ofrecer todos los servicios que representaría tener paridad con los estados.
“Hay toda una variedad de servicios (de Medicaid) que son obligatorios en el continente que no son obligatorios en Puerto Rico. ¿Significa eso que queremos que también sean obligatorios? No. Creo que la palabra (paridad) es muy política y no nos lleva al fondo del debate. Pero sí, (abogamos por) trato equitativo, claridad a largo plazo sobre Medicaid. Absolutamente”, indicó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, en una entrevista esta semana con El Nuevo Día.
El presidente Joe Bien ha pedido al Congreso que eche hacia delante legislación que encamine a Puerto Rico hacia la paridad en Medicaid, programa del cual depende el plan de salud del gobierno de la Isla y gran parte de la industria. Biden no ha propuesto una cantidad específica.
Sin nueva legislación, la asignación para el programa Medicaid caería el 1 de octubre – cuando empieza el nuevo año fiscal federal- a cerca de $400 millones, en comparación con los hasta $2,842 millones que el gobierno de Puerto Rico tiene este año fiscal federal disponible para financiar su plan de salud.
Hace unos días, el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el demócrata Frank Pallone (Nueva Jersey), indicó a El Nuevo Día que apoya el concepto de paridad en Medicare en el caso de Puerto Rico.
En una breve entrevista el martes, Pallone reiteró que lo ideal es que el Congreso haga con Puerto Rico “lo mismo que hace con los estados” bajo el programa Medicaid “por el mayor tiempo posible”.
Pero, ante los comentarios de Jaresko – que fueron hechos el lunes-, Pallone dijo que no puede precisar con cuales servicios del programa Medicaid el gobierno de Puerto Rico puede cumplir. Tampoco dijo le toca garantizar qué posición asumirá la mayoría de sus miembros.
Como expresara el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el demócrata Ron Wyden (Oregón), Pallone indicó que aún no se ha determinado si la próxima asignación de fondos de Medicaid irá dentro del proyecto de presupuesto u otra legislación más abarcadora.
La mayoría demócrata del Senado aún considera echar hacia delante un segundo proyecto de reconciliación presupuestaria que pueda aprobarse con 51 votos – eludiendo el requisito de 60 del filibusterismo-, y reúna los planes del presidente Joe Biden sobre infraestructura, creación de empleos y programas de asistencia familiar. Incluir los nuevos fondos de Medicaid en ese tipo de legislación pudiera ser a corto plazo el mejor escenario para la Isla, aunque pudiera tener una duración máxima de 10 años.
Ante el Congreso hay proyectos pendientes para dar acceso igual que los estados a Puerto Rico al programa Medicaid.
También está presentada una medida de la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) que asignaría un total de $18,500 millones para cubrir cinco años de asignaciones de Medicaid a la Isla, antes de hacer vigente la paridad.
La legislación de Velázquez aumentaría en el año fiscal 2022 a $3,350 millones las asignaciones de Medicaid, unos $500 millones por encima de los fondos vigentes.
Luego, propone asignaciones de $3,550 millones (2023), $3,750 millones (2024), $4,000 millones (2025) y $4,200 millones (2026). A partir de 2027, no habría límite alguno en el acceso de la Isla a fondos de Medicaid.
Jaresko – quien tendría esta semana reuniones en el Congreso y con Tesoro, insistió en que sin la aprobación de una nueva asignación por parte del gobierno federal la JSF no debe proyectar la cantidad de fondos que tendrá la Isla a través del programa Medicaid.
Aún con un compromiso del liderato del Congreso, Jaresko sostuvo que “no se nos diría cuantos servicios mandatorios van a ser requeridos” para poder determinar mantener el equilibrio del presupuesto.
“Hay un número infinito de cosas que el Congreso puede hacer”, dijo Jaresko, en referencia a levantar el tope en las asignaciones o cambiar la aportación federal por servicio de Medicaid, que ahora por ley permanente es de 55% y las autoridades gubernamentales de Puerto Rico quisieran que aumentara a 83%, bajo una legislación que equipare a la isla con los estados de Estados Unidos.
Hernández Montañez sostuvo que una potencial nueva asignación de fondos de Medicaid puede significar cambios de entre $700 millones y $1,000 millones en el presupuesto, un asunto que prevé tendrá que regresar a discusión de la Legislatura de Puerto Rico.