La Ley de Admisión Automática a la Universidad de Puerto Rico (Ley 113-2025) ha dividido al país. Esta ley dice que la Universidad de Puerto Rico (UPR) debe aceptar a todo estudiante de escuela pública que al terminar el undécimo grado esté dentro del 20% de los mejores de su clase.
Quienes apoyan la ley dicen que es un gran paso hacia la igualdad, porque garantiza que estos estudiantes puedan entrar a la UPR. De primera intención pareceria que es una buena estrategia para aumentar la admisión de estudiantes a la institución.
Sin embargo, quienes se oponen—como sindicatos y profesores—no están en contra de que más jóvenes estudien. Su preocupación es práctica: la ley obliga a la universidad a aceptar muchos más alumnos, pero no le da el dinero ni los recursos necesarios para atenderlos.
La pregunta real es: ¿de qué sirve admitir a miles de estudiantes nuevos si no hay fondos para contratar más profesores, arreglar el deterioro de los edificios y los campuses, dar más consejería o tener más salones con mejores recuros tecnológicos? Esto sobrecargaría a una universidad que ya ha sufrido por más de diez años de recortes presupuestarios. Sin la activación de la formula de 9.6% que asigna un porciento operacional apropiado es imposible continuar ofreciendo el servicio de calidad que se espera.
La oposición a esta ley no se opone al acceso universal a la educación, sino a cómo se está haciendo: sin planificación, sin dinero y sin resolver el problema de raíz, donde muchas escuelas públicas no preparan bien a los estudiantes para la universidad por diferentes razones estructurales y operacionales.
Aunque bien intencionada, esta ley es como poner una curita en una herida profunda. Es poner un parche a un problema de fondo. La verdadera equidad no se logra solo abriendo las puertas, sino con una inversión seria que fortalezca todo el sistema educativo. Sin esto, la ley no construye oportunidades; solo promete una educación de menor calidad para todos.
La Admisión Automática: Una Solución Incompleta
