Por El Nuevo Día – Washington D. C.– La jefaturas del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico acentuaron hoy, martes, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que negarles a los residentes de la isla los mismos derechos y privilegios de otros ciudadanos estadounidenses es discriminatorio y debería ser inconstitucional.
En argumentos presentados en el caso Vaello Madero, los abogados de los presidentes del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, argumentaron que la exclusión de Puerto Rico del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés) representa una discriminación basada en raza y/u origen nacional.
En ese sentido, coincidieron con el Departamento de Justicia puertorriqueño -que representa a la administración de Pedro Pierluisi-, en que el Tribunal Supremo estadounidense debe además revertir la doctrina de los Casos Insulares, por la cual se determinó que la isla es un territorio no incorporado que “pertenece a pero no es parte” de Estados Unidos, y se subrayó, con expresiones racistas, que no todos los derechos de la Constitución estadounidense aplican en Puerto Rico.
El Primer Circuito de Apelaciones federales determinó en 2020 que el gobierno de Estados Unidos viola la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la igual protección de las leyes, al excluir a Puerto Rico del SSI, que beneficia principalmente a los adultos mayores de escasos recursos y las personas discapacitadas.
Desde agosto de 2020, el gobierno de Estados Unidos apeló la decisión, una impugnación que ha mantenido la administración de Joe Biden.
El caso ante el Tribunal Supremo estadounidense se basa en los esfuerzos del gobierno federal por cobrarle al puertorriqueño José Luis Vaello Madero unos $28,081 que el SSI le pagó como residente de Puerto Rico. Vaello Madero comenzó a recibir los beneficios como residente de Nueva York, antes de mudarse a la isla.
El recurso de ‘amigo de la corte’ del Senado de Puerto Rico sostiene que los Casos Insulares y otros que validan limitar los derechos de los ciudadanos residentes de la isla, representan una “visión constitucional obsoleta, discriminatoria, repugnante y, sobre todo, construida e infundada de que los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico y los millones de ciudadanos estadounidenses que residen en la isla son afines a un poder absoluto, monárquico o tiránico y que pueden ejercerse sin tenerse en cuenta los límites y protecciones que impone el resto de la Constitución de Estados Unidos”.
La argumentación del Senado – escrita por el abogado Edwin Quiñones-, cuestiona además los alegatos del gobierno de Estados Unidos de que el acceso de los residentes de Puerto Rico al SSI causaría un disloque en la economía de la isla y se justificaba porque normalmente no pagan contribuciones federales sobre ingresos.
También expresó que “si bien no todos los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico pagan impuestos federales de la misma manera que sus contrapartes en el continente, sería negligente argumentar que no hay contribuyen al tesoro federal”.
Mientras, el recurso de la Cámara de Representantes rechaza también las alegaciones del gobierno de Joe Biden de que la vigencia del SSI sería una imposición al gobierno local de la isla y su autonomía fiscal.
El alegato presentado por los abogados de la Cámara baja, Emil Rodríguez Escudero y Jorge Martínez Luciano, indicó que el gobierno de Biden se contradice al indicar que le corresponde al Congreso decidir el acceso de Puerto Rico a programas federales, bajo la cláusula territorial, y al mismo tiempo alegar que el SSI puede dislocar la autonomía de la isla. Advirtió que “el Congreso redujo drásticamente el alcance del gobierno propio de Puerto Rico al aprobar Promesa”.
El argumento de la Cámara de Representantes agregó que es obvio que se niega el acceso del SSI a puertorriqueños de la Isla y “en general las personas que residen en Puerto Rico son nacionales puertorriqueños”.
La intervención del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico se suma a otros recursos que han sido presentados en el caso Vaello Madero, entre ellos la administración del gobernador Pierluisi, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, sindicatos estadounidenses, la Asociación Americana de Jubilados (AARP), los delegados electos para cabildear por la estadidad, el grupo Diálogo por Puerto Rico y la Asociación Americana de Abogados, Latino Justice y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entre otros.
Mientras, los seis delegados electos para cabildear por la estadidad para Puerto Rico también presentaron un argumento escrito en el que afirman que “excluir a los ciudadanos que cumplen con los criterios del SSI simplemente porque residen en Puerto Rico y, por lo tanto, son políticamente impotentes y fácilmente identificables como ciudadanos de raza mixta y herencia hispana, viola la quinta enmienda” de la Constitución estadounidense.
El escrito de los seis delegados – Ricardo Rosselló Nevares, Melinda Romero Donelly, Roberto Lefranc Fortuño, Maria Meléndez Altieri, Elizabeth Torres y Zoraida Buxó -, está firmado por el abogado John Nevares.
El grupo Diálogo por Puerto Rico, por su parte, afirmó también que el Primer Circuito de Apelaciones federales estuvo en lo correcto al determinar que excluir a Puerto Rico del SSI viola la quinta enmienda de la Constitución estadounidense. También mantuvo que en el caso de Vaello Madero, viola igualmente su derecho constitucional a viajar y mudarse a Puerto Rico.
“El Congreso puede tener el poder de disponer y hacer todas las reglas y reglamentos necesarios con respecto al territorio u otra propiedad que pertenezca a los Estados Unidos bajo el artículo IV, Sección 3, pero en el proceso de hacerlo, el Congreso no puede afectar los derechos fundamentales, privilegios e inmunidades de las personas y ciudadanos estadounidenses residentes en el organismo político denominado Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluido el derecho fundamental a no ser privado y despojado de la vida, la libertad o la propiedad y garantías de igual protección”, indicó el escrito que firma el abogado Jesús Rabell Méndez.
Entre los miembros de Diálogo por Puerto Rico están el exsecretario de Estado Antonio Colorado, el ex representante José Varela, el exsecretario de Hacienda Juan Agosto Alicea, la poeta Elsa Tío y la abogada Anibelle Sloan.
El recurso de amigo de la corte de Latino Justice, que fue creada como el Fondo para la Educación y la Defensa Legal de Puerto Rico, y Kasowitz File también exhortaron al gobierno federal a descartar la doctrina de los Casos Insulares y el trato dispar a los residentes de los territorios.
“Al negar este beneficio (del SSI) a 3.2 millones de puertorriqueños que residen en la isla, el Congreso ha creado un sistema de ciudadanía de dos niveles: los que tienen derecho a todos los beneficios legales y protecciones constitucionales de este país y los ciudadanos de segunda clase, los puertorriqueños, a los que se les concede algunos, pero no otros, sólo por su raza y etnia”, indicó Lourdes Rosado, presidenta de la Latino Justice.