Washington D. C.– El presidente Joe Biden justificó hoy que su Departamento de Justicia defienda la constitucionalidad de la ley que permite excluir a Puerto Rico del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), mientras hace un llamado al Congreso para enmendarla e incluir a los residentes en la isla.
Para Biden, excluir a los residentes en Puerto Rico del SSI -que puede tener un impacto de más de entre $1,500 millones anuales y $2,500 millones anuales- “es incompatible con las políticas públicas y valores” de su administración.
Pero dijo entender que la Oficina del Procurador General mantenga la impugnación, ante el Tribunal Supremo de EE.UU., del caso Vaello Madero que abre la puerta a que los habitantes de la isla se beneficien del SSI, pues argumentó que se trata una práctica de larga duración del Departamento de Justicia de Estados Unidos de “defender la constitucionalidad de los estatutos federales, independientemente de las preferencias de política pública”.
A pesar de las declaraciones de Biden, en algunas ocasiones el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dejado de defender la constitucionalidad de un estatuto. Uno de los casos más recientes fue la decisión del gobierno de Barack Obama de dejar de preservar la ley federal que reconocía el matrimonio como la unión entre dos personas de diferente sexo.
Como en Vaello Madero, el caso de Windsor -que derogó la prohibición a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo- se trataba de una demanda de violación por igual protección de las leyes, recordó el profesor Carlos Ramos González, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Carlos Gorrín Peralta, también profesor de la Facultad de Derecho de la Interamericana, dijo que el gobierno federal se mantuvo en el caso de Windsor, pues la ley federal le impedía devolver el dinero que reclamaba la demandante del caso.
Lee qué es la Seguridad de Ingreso Suplementario
La Oficina del Procurador General presentó esta noche ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos su primer argumento escrito bajo el gobierno de Biden en en el caso Vaello Madero.
En el documento, la procuradora general interina, Elizabeth Prelogar, afirmó que “el Congreso podría racionalmente concluir que una jurisdicción que hace una reducida contribución al Tesoro federal debe recibir una parte reducida de los beneficios financiados por esa tesorería”.
Hizo alusión al caso Sánchez Valle, que determinó que la fuente de poder del gobierno de la Isla emana del Congreso, para destacar partes de aquella decisión que indican que Puerto Rico y Estados Unidos “han forjado una relación política única, construida sobre la evolución de la isla hacia una democracia constitucional que ejerce el gobierno propio a nivel local”.
Desde la administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha impugnado la decisión del Primer Circuito federal de Apelaciones, con base en Boston, que determinó que excluir a Puerto Rico y otros territorios del SSI viola la cláusula de igual protección de las leyes.
En un caso más abarcador -Peña Martínez versus Departamento de Salud de Estados Unidos-, el gobierno de Biden asumió la misma posición del gobierno de Trump ante el Primer Circuito, al expresarse en contra de extender a los residentes en Puerto Rico el SSI, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP) y el subsidio para personas de escasos recursos (LIS) adquirir medicamentos recetados por medio de Medicare, parte D.
El procurador general interino del gobierno de Trump, Jeffrey Wall, mantuvo que “el Congreso tiene interés legítimo en evitar una relación fiscal unilateral bajo la cual Puerto Rico comparta los beneficios financieros, pero no la carga financiera de la estadidad, y declinar incluir a Puerto Rico en el programa del SSI es una forma racional de adelantar ese interés”.
La decisión del Primer Circuito de Apelaciones rechazó que pueda haber un daño a la economía de Puerto Rico por darle el beneficio del SSI a las personas discapacitadas y los más pobres. Ahora, en su primer argumento, el gobierno de Biden no dice que el acceso al SSI pone peligro la economía de Puerto Rico.
El SSI persigue asistir a las personas de 65 años o más, que están “discapacitadas” o son ciegas, y que además tienen bajos o ningún ingreso.
Respecto al SSI, el Centro para una Nueva Economía (CNE) ha calculado que el impacto de ese programa -a base de los estándares de elegibilidad- puede representar cerca de $2,580 millones anuales y beneficiar hasta 435,000 personas. La administración de Pedro Pierluisi considera que el impacto puede rondar entre los $1,500 millones y $1,800 millones.
Pero, en el argumento del gobierno de Biden, el Departamento de Justicia indicó que el costo de implantar el SSI en Puerto Rico puede fluctuar, según el Seguro Social, entre los $1,800 millones y los $2,500 millones anuales, o alrededor de $23,000 millones en una década.
Biden reclama al Congreso legislar la paridad
En su proyecto de presupuesto 2022, Biden incluyó -el 28 de mayo- un lenguaje en el que expresa su respaldo a otorgar paridad a Puerto Rico en el programa Medicaid, y pide encaminar el trato igual a la isla en SSI y SNAP.
Esa es la posición que defendió durante la campaña. Ha dejado, sin embargo, en manos del Congreso poner en marcha esas propuestas, pues no asignó fondos en el presupuesto para financiarlas.
Con un Senado dividido 50 a 50, será cuesta arriba conseguir a corto plazo que el Congreso otorgue a los residentes de Puerto Rico acceso al SSI, y paridad para la Isla en programas como Medicaid y la asistencia alimentaria.
“Como he dicho, creo que los residentes de Puerto Rico deberían poder recibir beneficios de SSI, al igual que sus compatriotas estadounidenses en los 50 estados y Washington D.C. Hago un llamado al Congreso para enmendar la Ley del Seguro Social para extender estos beneficios a los residentes de Puerto Rico. Y, como reiteré en mi primera solicitud de presupuesto, también apoyo la eliminación de los límites de financiamiento de Medicaid para Puerto Rico y avanzar hacia la paridad en el SNAP para que (el acceso a fondos de asistencia alimentaria) se alinee con los estados”, indicó Biden en su declaración de hoy.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que esos pasos, junto a su plan de rescate contra el coronavirus -que incluyó el acceso de la isla al crédito tributario por niños dependientes y fondos para expandir el crédito por ingresos devengados- “brindarán a las familias de Puerto Rico la misma oportunidad de salir adelante”.
“Como dije antes, no puede haber ciudadanos de segunda clase en Estados Unidos. Mi administración trabajará con los miembros del Congreso para hacer una realidad los arreglos legislativos necesarios”, sostuvo Biden.
La decisión del Primer Circuito -escrita por el fenecido juez puertorriqueño Juan Torruella-, confirmó una determinación del juez de distrito Gustavo Gelpí que concluyó que José Luis Vaello Madero, quien comenzó a recibir el SSI como residente en Nueva York, no tiene que devolver $28,081 que cobró en momentos en que su domicilio ya estaba en Puerto Rico.
Sin una base racional e interés legítimo del gobierno, “la exclusión de los residentes de Puerto Rico se declara inválida”, concluyó entonces Torruella, en una opinión a la que se unieron Jeffrey Howard, juez presidente, y O. Rogeriee Thompson, y la cual Justicia federal busca revocar.
Piden acción desde la Isla
“Aquí, lo importante ahora es que el Tribunal Supremo atienda este asunto”, indicó, por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi.
“Si el Tribunal Supremo, por alguna razón, no favorece nuestra postura -que es inconstitucional la ley, que no es correcto el trato que estamos recibiendo como ciudadanos norteamericanos-, pues entonces lo importante es que se atienda el reclamo del presidente Biden (para) que el Congreso (lo) atienda. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer”, indicó el mandatario.
El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el demócrata Raúl Grijalva, dijo que trabajará con otros comités para “ampliar el acceso a los programas federales para los residentes de los territorios de los Estados Unidos, incluida la Seguridad de Ingreso Suplementario para los residentes de Puerto Rico”. “Es una de mis principales prioridades en este Congreso”, sostuvo Grijalva.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, dijo que buscará intervenir como “amigo de la corte” en el caso de Vaello Madero, como han hecho otros funcionarios. “Lamentamos que el Departamento de Justicia de la administración demócrata le dé continuidad a la visión discriminatoria hacia las minorías hispanas, al decidir retomar el caso Vaello Madero”, expresó.
Hernández Montañez dijo que presionará en el Congreso para que se aprueben medidas que den pleno acceso a los residentes en Puerto Rico al SSI, Medicaid y el programa de asistencia alimentaria.
Mientras, la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, quien ya intervino en el caso, indicó en Twitter que “solo la estadidad podrá traer la igualdad que merecemos y hemos demandado”.
A nivel personal, Biden ha dicho que la estadidad es la mejor forma de alcanzar trato igual en los programas federales. Pero, como candidato presidencial, abogó por un proceso vinculante para el gobierno federal en el que estén representadas todas las alternativas de status.
Como presidente, Biden -por medio de su secretaria de Prensa, Jen Psaki- se ha limitado a indicar que está a favor de un nuevo referéndum de status.