Por El Vocero – La exclusión del Seguro Social Suplementario (SSI) es la distinción de una minoría políticamente impotente e históricamente maltratada para recibir un trato de segunda clase que desmiente su condición de estadounidenses iguales, de acuerdo con la defensa del puertorriqueño Luis Vaello Madero.
Este fue parte de los argumentos presentados ayer ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos por los abogados Hermann Ferré y John Ferré, representantes de Vaello Madero, exresidente de Nueva York radicado al presente en Loíza y contra quien el Seguro Social reclama que devuelva $28,000 en beneficios recibidos del programa SSI.
El Departamento de Justicia federal, bajo la administración del entonces presidente Donald Trump, solicitó al máximo foro judicial de Estados Unidos que revirtiera las decisiones del juez del Tribunal Federal en la Isla, Gustavo Gelpí y del Primer Circuito de Apelaciones con sede en Boston que determinaron que Vaello Madero no tiene que devolver el dinero.
Los letrados expusieron que la administración del Seguro Social le envió un aviso a su cliente en el que se le comunicó que a pesar de sus necesidades, de que nació como ciudadano estadounidense y que reside en territorio estadounidense, sus beneficios del SSI fueron rescindidos porque estaba “fuera de los Estados Unidos”.
“Si los ciudadanos ancianos, ciegos y discapacitados que satisfacen los criterios de elegibilidad basados en la necesidad para el SSI se ven privados de la misma protección bajo la Quinta Enmienda cuando el Congreso los excluye de este programa nacional uniforme únicamente porque residen en Puerto Rico, son políticamente impotentes y han sufrido un historial de discrimen por motivos de raza y ascendencia”, señala el escrito.
Afirman que la definición “fuera de Estados Unidos”, surge porque el lugar de residencia y de origen es un territorio identificado como no incorporado “y no tiene otro propósito que imponer una desventaja, un estatus separado y, por lo tanto, un estigma a través de la retención de beneficios”.
Alegan que la única respuesta del peticionario (Justicia federal) es que el Congreso puede tratar cada territorio y a los estados de manera diferente.
“Este caso no trata sobre la igualdad entre territorios o entre estados y territorios, sino sobre la igualdad de trato de los ciudadanos estadounidenses bajo un programa nacional”, indica el escrito.
Los abogados sostienen que queda fuera del cálculo del peticionario el interés legítimo de los puertorriqueños como Vaello Madero, quienes esperan que su ciudadanía estadounidense y el derecho de moverse libremente por todo EE.UU. les da derecho a los mismos beneficios federales en la Isla a los que tienen derecho los que residen en los Estados Unidos continentales.
“Esta confianza se frustra cuando se les niegan los beneficios, a menos que abandonen sus hogares y sus familias y se muden al continente, o cuando se les quitan los beneficios nacionales que recibieron legalmente mientras residían en el continente simplemente por regresar a Puerto Rico, su casa en suelo estadounidense”, expone el documento.
Vaello Madero fue elegible al programa del SSI en junio de 2012. En julio de 2013 se mudó a Loíza y continuó recibiendo los pagos por incapacidad a través de su cuenta en Nueva York.
Durante todo ese tiempo, desconocía que su reubicación en Puerto Rico provocaría la disminución por el pago por incapacidad. En junio de 2016 el perjudicado advino en conocimiento de que ya no era elegible para recibir los pagos.