Por El Nuevo Día – Miles de ciudadanos en Puerto Rico pudieran beneficiarse del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) si el Tribunal Supremo de Estados Unidos favoreciera los argumentos que comenzará a recibir desde este lunes en el caso de Luis Vaello-Madero.
Entre 305,000 y 354,000 ciudadanos de bajos ingresos con discapacidades en la Isla cualificarían para el beneficio federal que se le ha negado a los residentes de Puerto Rico por la ley del SSI que emitió el Congreso en 1972, según documentos radicados en el tribunal federal.
La familia de Arnold Jay Ruiz Avilés es una de las que aguarda con esperanza que su reclamo del SSI prospere.
Con ilusión, la familia de Ruiz Avilés recibió el viernes una copia del recurso de “amigo de la corte” que ya radicó la abogada Isabel Abislaimán ante el Supremo de Estados Unidos, apoyando a Vaello Madero en representación de otros ciudadanos que están demandando a la Administración del Seguro Social en el Tribunal Federal, incluyendo una demanda de clase.
Ruiz Avilés, nacido en 1981, sufre de discapacidades asociadas a la lipofuscinosis neuronal ceroidea, retinitis pigmentosa y es clínicamente ciego, entre otras condiciones que evitan que pueda realizar actividades para generar ingresos para su sustento. Por eso pudo recibir el SSI mientras vivió con su familia en Nueva York entre 1984 y 1985, pero ha sido inelegible desde que se mudó a la Isla.
“Necesitamos esta ayuda, porque permite tratamientos para su visión, que es una condición bien rara y degenerativa, que tiene muchos componentes”, expresó Sandra Avilés, madre de Ruiz Avilés, a El Nuevo Día.
Conociendo los beneficios del programa, añadió que con el SSI puede “tener acceso a terapias físicas especializadas, ocupacionales, terapia visual que no está disponible ahora”.
“Su condición principal es neurológica y en ese renglón han habido descubrimientos, tratamientos que no tiene disponibles ahora. El acceso a todas esas cosas especializadas las daría tener el SSI”, abundó. “Con las terapias, pudiera desarrollar destrezas motoras. Ahora mismo, para caminar se apoya de nosotros. Mi hijo es un paciente que requiere cuidado 24-7. No hay descanso, no hay excusa. Es una situación que uno necesita toda la ayuda que nos puedan dar, en igual trato que lo hacen (para estos pacientes) en Estados Unidos”.
Con la misma esperanza aguarda la familia de Emanuel Rivera Fuentes, quien nació en 1986 y sufre de parálisis cerebral, síndrome paralítico, hipotiroidismo y disfunción hipotalámica, entre otras, que lo mantienen encamado.
En una entrevista el año pasado con El Nuevo Día, el padre de Rivera Fuentes, Don Abraham Rivera, manifestó los retos que enfrentan las familias de personas de escasos recursos con discapacidades.
“En mi caso, los gastos médicos son muy altos por las condiciones de mi hijo. Solamente en medio de la pandemia aumentó considerablemente el deducible de su medicamento y así se verán muchas familias en Puerto Rico. No sé cuánto se recibirá por el SSI, pero poco que sea, será de ayuda en la situación que estamos”, expresó.
En agosto del año pasado, la administración del entonces presidente, Donald Trump, señaló que el SSI tendría un impacto en Puerto Rico de $1,800 anuales.
La moción de Abislaimán plantea que ambos ciudadanos, al igual que miles en la Isla, nunca pagarán “impuestos, sin importar su lugar de residencia”, rechazando el argumento del gobierno de Estados Unidos de que en Puerto Rico no se pagan impuestos federales.
“Su preocupación inmediata es cubrir la asistencia médica y las necesidades básicas”, destacó.
El caso Vaello-Madero
En una fecha límite importante en el intento de que aplique el SSI en Puerto Rico, este lunes los abogados de Vaello Madero tienen que someter al Tribunal Supremo federal su contestación al reclamo del gobierno de Estados Unidos, que pide mantener la exclusión de Puerto Rico.
Vaello Madero es un ciudadano que recibía el SSI en Nueva York desde 1985 y se mudó a Puerto Rico en el 2013. Siguió recibiendo el beneficio hasta que la Administración del Seguro Social se enteró y lo demandó para que devolviera el dinero que le enviaron hasta el 2017: $28,000.
Al resolver a favor de Vaello Madero, el juez federal Gustavo Gelpí emitió una opinión en la declaraba inconstitucional que se excluya al demandado del SSI por vivir en Puerto Rico.
Después de que la administración del entonces presidente Donald Trump apelara, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston mantuvo la decisión de Gelpí, planteando que la exclusión violaba la Cláusula de Igual Protección en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Pese a que en su campaña Joe Biden prometió que extendería la elegibilidad del SSI a la Isla, en junio pasado su administración argumentó ante el Supremo federal que revierta la decisión del caso, justificando que el Departamento de Justicia federal acostumbra defender la constitucionalidad de las leyes.
Tras la contestación de los abogados de Vaello Madero este lunes, en los siete días siguientes se espera que distintos sectores también se expresen ante el máximo foro judicial de Estados Unidos.
Quedará por verse si una resolución favorable del Supremo aplicará solamente a Vaello Madero o aplicará a los demás residentes elegibles de Puerto Rico.
Argumento contra la cláusula territorial
En contestación a la administración de Biden, la moción del grupo en la demanda de clase en Puerto Rico plantea que no procede la aplicación de los poderes del Congreso bajo Cláusula Territorial, para legislar distinto para los territorios.
Abislaimán resaltó que en la demanda del gobierno federal contra Vaello Madero no presentó su interés en usar esos poderes ni incluyó al gobierno de Puerto Rico como parte del caso.
En ese sentido, argumentó que este caso no es contra un territorio, sino que se trata de ciudadanos individuales.
“Los ciudadanos que residen en Puerto Rico no son seres abstractos. Son humanos protegidos por las mismas garantías que todos los ciudadanos de Estados Unidos”, expresó la moción de Abislaimán.
Agregó que debido a que el SSI “es un programa de asistencia para individuos, los derechos en cuestión también son individuales en naturaleza. En efecto, el SSI es, por su propio diseño, un programa de ‘caso a caso’ e ‘individualizado’. El SSI no evalúa estados o territorio; evalúa individuos”.
“Dado que el SSI es un programa nacional uniforme creado para la gente más necesitada de la nación, no como una asignación de fondos para estados o territorios, la pregunta presentada” por el gobierno federal “es una premisa enrevesada que confunde a la gente con acres, pretende tratar a ciudadanos de Estados Unidos completamente protegidos como sujetos territoriales sin derechos individuales”, argumentó.
Planteó que invocar los poderes de la Cláusula Territorial es un intento “indebido como pretexto para la discriminación, a la misma vez brutal y sofisticada”.
“El estatus territorial en sí mismo no es la causa de la discapacidad de ellos ni la razón por la que no pagan impuestos (federales)”, argumentó.
“Excluir a los residentes de Puerto Rico como una cuestión de ‘rutina’ no promueve ningún propósito económico, social o de salud nacional. De hecho, la exclusión logra exactamente lo contrario de la misión declarada del programa: asegurar que las personas enfermas se enfermen más y que las personas pobres se empobrezcan, y refuerza los estereotipos y la discriminación de origen racial y étnico de cierta clase de ciudadanos estadounidenses en un circuito negativo”, afirmó. “Este Tribunal tiene el poder de detenerlo, aquí y ahora”.