PUNTO DE VISTA
El pasado lunes, 3 de agosto, fue histórico para Puerto Rico, gracias a la decisión emitida por el juez federal William Young, quien determinó como inconstitucional el discrimen hacia los puertorriqueños por parte del gobierno de Estados Unidos al negarle la ayuda en los tres principales programas de beneficencia. El juez ordenó que el gobierno de Estados Unidos brinde acceso a los residentes de Puerto Rico a los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y a los subsidios por bajos ingresos (LIS) de la parte D de Medicare, que cubre medicamentos recetados.
Esta decisión era la que esperábamos después de que el pasado 4 de junio se llevara ante el juez la vista del caso de Peña-Martínez vs. US Department of Health and Human Services, en el Tribunal de Distrito federal de Puerto Rico. En dicho caso, nueve demandantes alegaron que Estados Unidos discrimina ilegalmente en contra de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico en los programas de SSI, SNAP y LIS, en violación de la Cláusula de Igual Protección Bajo la Ley de la Constitución federal que nos cobija.
El juez Young había instruido a las partes a que presentaran alegatos sobre si el beneficio del SSI, de fallarse a favor de los demandantes, sería de aplicación exclusiva a los nueve demandantes o se anularía la restricción a los residentes de Puerto Rico al declararse inconstitucional, quedando disponible el beneficio para todos los puertorriqueños residentes que cumplan con los requisitos.
Este momento es histórico y celebramos la decisión del juez Young. La igualdad en estas ayudas de los programas de beneficencia le pertenece a los puertorriqueños, pues somos ciudadanos americanos con los mismos derechos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos desde 1917. El obtener estas ayudas de igualdad aliviaría los altos niveles de pobreza en Puerto Rico (43% de la población) y daría una mejor calidad de vida a los envejecientes, enfermos y discapacitados. La ayuda anual promediaría $2,500 millones recurrentes y sería canalizada directamente a las familias necesitadas.
El tribunal revocó los argumentos sostenidos por el gobierno federal, considerando los mismos discriminatorios, y le solicitó al gobierno federal un trato igual a los puertorriqueños al proveer la asignación completa de las ayudas. Los próximos dos meses son cruciales para que esta determinación prevalezca y los puertorriqueños puedan comenzar a recibir las ayudas que les corresponden.