Expertos resaltan que, en su argumento ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Departamento de Justicia federal alude a los factores que se deben considerar para evaluar la relación de un territorio con Estados Unidos.
Washington D.C. – Al solicitar al Tribunal Supremo de Estados Unidos que dé deferencia al Congreso para decidir si los residentes de Puerto Rico deben tener acceso al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el gobierno de Joe Biden busca preservar el poder de las ramas políticas para decidir la política pública sobre la Isla, según expertos.
Aunque el presidente Biden defiende que el Congreso extienda a Puerto Rico el SSI, su Departamento de Justicia federal argumentó el lunes en la noche que es constitucional tratar a los territorios de forma diferente, entre ellos mismos y frente a los estados, y limitar los programas federales a los que tienen acceso, pues no se le exigen las mismas contribuciones federales y en el caso de la Isla – sin nunca mencionar la ley Promesa-, tiene “autonomía fiscal”.
La presentación por escrito del argumento de la oficina del Procurador General en el caso Vaello Madero ante el Tribunal Supremo estadounidense estuvo tan en sintonía con la posición del presidente Biden que el documento presentado por el Departamento de Justicia citó el comunicado de prensa en el que inquilino de la Casa Blanca abogó – unas ocho horas antes-, porque el Congreso extienda el SSI a Puerto Rico y justificó defender la constitucionalidad de la ley que excluye a los residentes de Puerto Rico de ese programa.
En general, el gobierno de Biden ha buscado, como la administración de Donald Trump, que el Tribunal Supremo de Estado Unidos no altere el poder del Congreso para regular a sus territorios – definido por la cláusula territorial de la Constitución-, aunque considere políticamente injusto que no se le haya extendido el SSI a la Isla.
Al hacer referencia a la “autonomía fiscal” y las contribuciones federales que no tienen vigencia en Puerto Rico, “quieren poner el ángulo de que este arreglo rompe a favor de Puerto Rico”, dijo Carlos Díaz Olivo, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Pero, Díaz Olivo destacó que dicen eso “mientras coordinan con el Grupo de los 7 unos arreglos contributivos que darían al traste” nuevamente con la autonomía fiscal de la Isla que el argumento escrito del Departamento de Justicia de Biden defiende y está vigente la ley Promesa.
Ante el Tribunal Supremo estadounidense, el Departamento de Justicia de Estados Unidos – en un proceso que comenzó bajo la administración de Trump-, persigue revocar una decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales que determinó que excluir a Puerto Rico del SSI es inconstitucional por violar la cláusula de igual protección de las leyes.
“El Congreso podría concluir racionalmente que los residentes de Puerto Rico deben participar en programas que ayudan a financiar (como el Seguro Social, Medicare y beneficios por desempleo), pero no en programas que generalmente no ayudan a financiar (como SSI)… El Congreso podría racionalmente concluir que una jurisdicción que hace una reducida contribución al Tesoro federal debe recibir una parte reducida de los beneficios financiados por esa tesorería”, indicó el documento encabezado por la procuradora general interina, Elizabeth Prelogar, quien fue oficial jurídico de la jueza Ruth Bader Ginsburg, fallecida en 2020.
El gobierno de Biden mantuvo que interpretar que la cláusula de igual protección de las leyes “requiere al Congreso dar a los territorios el mismo tratamiento que a los estados” alterará la responsabilidad del legislativo estadounidense de “cuando admitir un territorio en la Unión y así proporcionar los beneficios asociados con la estadidad”.
Los factores a considerar
Al profesor Carlos Ramos González – constitucionalista de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana-, le pareció muy significativo que al pedir deferencia al Congreso, el gobierno de Biden estableciera no solo una lista de las contribuciones federales de las que se excluye a Puerto Rico, como los impuestos sobre ingresos a ciudadanos y corporaciones, sino además los criterios que deben imperar para decidir el trato a los territorios.
“Al decidir qué leyes y programas federales extender a un territorio, el Congreso puede considerar factores como qué tipo de relación tiene el territorio con Estados Unidos, cuánta autonomía fiscal y gubernamental ejerce, qué tan cercanos deben ser sus lazos con Estados Unidos, cuáles son sus condiciones económicas y sociales, y si el territorio puede avanzar hacia la estadidad o la independencia con el tiempo”, indicó el argumento de la oficina del Procurador General.
El documento resalta que Estados Unidos suscribió un “pacto” (covenant) con las Islas Marianas del Norte por el cual ese territorio tiene acceso al SSI, sin aludir a la existencia de ese tipo de acuerdo con Puerto Rico, sostuvo Ramos González. La presentación de Justicia federal resalta el gobierno propio de la Isla citando el caso Sánchez Valle, en el cual el Tribunal Supremo de EE.UU. determinó que para efectos de la cláusula constitucional que prohibe la doble exposición a cargos criminales la fuente de poder de Puerto Rico reside en el Congreso.
En términos técnicos, Ramos González subrayó que el gobierno de Biden, al pedir al Tribunal Supremo que mantenga el escrutinio tradicional de que las acciones del Congreso sobre Puerto Rico deben tener una base racional sin invocar la igual protección de las leyes, persigue que no se imponga una rigidez sobre el ejercicio de la cláusula para territorios que provoque reclamos para impedir un mejor trato contributivo que el que tienen los estados.
“Cuando hablan de un escrutinio racional se refieren a dar deferencia al Congreso. Al mismo tiempo dan una mirada fría al poder del Congreso sobre los territorios. No se sienten avergonzados de que el Congreso mantenga ese poder”, agregó el profesor Ramos González.
Al indicar que se debe dejar en manos del Congreso la política pública sobre los territorios, el gobierno de Biden afirmó además que la decisión del legislativo federal es que Puerto Rico, en vez del SSI, tenga acceso al Programa de Ayuda a Adultos Mayores, No videntes y Discapacitados (AABD).
Por medio de ese programa, un beneficiario solo recibe una sexta parte del pago que ofrecería el SSI. Se calcula que el SSI beneficiaría entre 300,000 y 430,000 personas en la Isla. Bajo el AABD se asiste solo a unas 39,000 personas.
El Departamento de Justicia indicó que el costo de implantar el SSI en Puerto Rico puede fluctuar, según el Seguro Social, entre los $1,800 millones y los $2,500 millones anuales, o alrededor de $23,000 millones en una década.
El argumento del gobierno de Biden incluso destaca que el criterio del Congreso puede incluir la necesidad de ahorrar dinero.
Díaz Olivo sostuvo que, al final de cuentas, el análisis del gobierno de Biden es otra defensa de la cláusula territorial de la Constitución, que permite al Congreso tratar al Congreso como “propiedad”. No le parece que para los demócratas el problema sea el costo del acceso de la isla a más programas federales.
“Miran el territorio como un inmueble” aun cuando el caso trata de un puertorriqueño ciudadano estadounidense, José Luis Vaello Madero, que comenzó a recibir el SSI como residente de un estado, y al que el gobierno federal le quiere cobrar $28,000 que obtuvo ya como domiciliado de Puerto Rico, señaló Díaz Olivo, al afirmar que “el control sobre los seres humanos no puede ser examinado de esa forma”.