Washington D.C.– La idea de encaminar la paridad para Puerto Rico en los programas de Medicaid, la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y asistencia alimentaria -que puede tener a corto plazo un impacto de por lo menos $4,600 millones anuales-, tendrá que ser elaborada a través de cinco comités del Congreso, tres en la Cámara baja y dos en el Senado.
Las expectativas son que el Congreso atienda con urgencia el financiamiento de Medicaid, ante el hecho de que la industria de salud de Puerto Rico puede caer en un abismo fiscal si no se asignan nuevos fondos para el año fiscal federal 2022, que comienza el 1 de octubre.
Pero, el acceso de Puerto Rico al SSI y al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) – que es el que existe en los estados-, puede tener un camino más lento durante el cuatrienio, si es que logran el visto bueno del Congreso.
Al terminar de enviar al Congreso su proyecto de presupuesto, el presidente Joe Biden expresó el pasado viernes su apoyo a la paridad en Medicaid y a encaminar el trato igual en SSI y asistencia alimentaria. Pero, todo el proceso dependerá de lo que quiera hacer el Congreso, que está particularmente dividido entre demócratas y republicanos del Senado (50 a 50).
“Hay que tener en cuenta que Biden expresó su respaldo a esas propuestas, pero no hizo recomendaciones formales al Congreso”, dijo hoy una fuente cercana a los temas de Puerto Rico en Washington, al acentuar que no hay asignaciones formales para esas iniciativas entre las recomendaciones que la Casa Blanca envió a los comités del Senado y la Cámara de Representantes.
En la Cámara de Representantes, Medicaid está bajo la jurisdicción del Comité de Energía y Comercio, cuyo presidente, el demócrata Frank Pallone (Nueva Jersey) afirmó en marzo que favorece legislar “una solución permanente a la escasez de fondos de Medicaid”.
Una subcomisión del Comité de Energía y Comercio ya examinó en audiencia el acceso de los territorios a Medicaid y se prevé que los demócratas, por lo menos, evitarán un abismo fiscal que perjudique a los pacientes del plan de salud “Vital” del gobierno de Puerto Rico, que este año fiscal federal recibe alrededor de $2,842 millones.
En el Senado, Medicaid está bajo la supervisión del Comité de Finanzas, cuyo presidente, el demócrata Ron Wyden (Oregón), desde enero, afirmó que defenderá que el programa Medicaid de Puerto Rico “tenga los recursos que necesita y se merece”.
Bajo el plan fiscal que propuso el gobernador Pedro Pierluisi, las expectativas son que las asignaciones de Medicaid, camino a la paridad, ronden los $4,174 millones en el año fiscal 2022, y alcancen $5,638 millones en el año fiscal federal 2026.
El grupo de trabajo creado por el gobernador Pierluisi calcula que con una aportación federal de 83% por servicio de Medicaid – en vez del 55% vigente-, Puerto Rico pudiera recibir un total de $5,200 millones anuales, dijo el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, al indicar que al gobierno de la Isla le correspondería asignar otros $800 millones.
“La cantidad va a depender de las coberturas que ofrezcan”, dijo Rosanna Torres, directora de la Oficina de Washington del Centro para una Nueva Economía (CNE), grupo de estudio que ha abogado por la paridad en Medicaid, SSI y asistencia alimentaria, entre otros programas.
La Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de Puerto Rico ha evitado proyectar una nueva asignación de Medicaid hasta que sea aprobada por el gobierno federal por lo que mantuvo sin nuevos fondos ese apartado dentro de su plan fiscal. Solo ha previsto los $400 millones que recibe la Isla por ley permanente.
Con respecto al SSI, el CNE ha calculado que el impacto de ese programa – a base de los estándares de elegibilidad-, puede representar cerca de $2,580 millones anuales y beneficiar hasta 435,000 personas.
El programa SSI persigue asistir a las personas que tienen 65 años o más, están ‘discapacitadas’ o son no videntes, y que además tienen bajos o ningún ingreso. Se les provee fondos para cumplir con sus necesidades básicas de alimentación, ropa y vivienda.
“Tendría que haber una campaña educativa para que la gente se acoja a ese programa”, comentó Torres.
En la Cámara baja, el SSI está bajo la jurisdicción del Comité de Medios y Arbitrios. En el Senado, el tema lo maneja también el Comité de Finanzas.
Torres considera que el Congreso va a optar por esperar a ver qué sucede con el caso Vaello Madero ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el que el propio gobierno de Biden impugna la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales que abrió la puerta al acceso de los residentes de la Isla al SSI. Ese caso puede resolverse, como pronto, en el otoño.
La directora del CNE en Washington, mientras, piensa que encaminar la paridad en asistencia alimentaria puede tener que esperar hasta 2023, cuando el Congreso deberá volver a reautorizar la ley agrícola federal y entonces tendrá que reexaminar el programa SNAP.
En 2020, los demócratas de la Cámara baja llegaron a aprobar un aumento de $528 millones en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), a través del cual ahora el presupuesto de Biden recomienda una asignación de $2,070 millones.
La asistencia alimentaria es un asunto que deciden los comités de Agricultura del Senado y la Cámara baja. Un estudio de la Oficina de Contraloría General (GAO), de 2014, estimó entonces que bajo el SNAP, Puerto Rico recibiría unos $700 millones más que lo que recibía entonces, como asignación en bloque, del PAN.