Por El Nuevo Día – Con argumentos que van a la raíz de la situación colonial de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos recibió hoy, lunes, planteamientos en contra del trato discriminatorio contra los residentes de la isla por su exclusión de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
“En el fondo, la exclusión de SSI es lo que parece ser: la distinción de una minoría políticamente impotente e históricamente maltratada para recibir un trato de segunda clase que desmiente su condición de estadounidenses iguales”, señaló el licenciado Hermánn Ferré, en una moción como abogado de Luis Vaello Madero.
Se trata de la respuesta sometida hoy en el Supremo federal ante petición de la administración del presidente Joe Biden para revertir decisiones judiciales que declararon inconstitucional la exclusión del SSI por vivir en Puerto Rico.
El gobierno federal demandó a Vaello Madero en el 2017 para que devolviera los $28,000 que recibió durante los años que recibió el SSI después de que se mudó de Nueva York a Puerto Rico.
Durante su campaña, Biden prometió que buscaría la inclusión de los residentes de Puerto Rico en el SSI, pero en junio informó que continuaría la litigación que comenzó la administración de Donald Trump.
La moción sometida hoy en defensa de Vaello Madero presenta contundentes argumentos que desmantelan los intentos del gobierno federal por sostener excluidas del SSI a las personas con discapacidades e indigentes que viven en Puerto Rico.
Indica que “por primera vez en este litigio” el gobierno federal “argumenta que, debido al estatus ‘único’ de Puerto Rico y la relación ‘incomparable’ con los Estados Unidos, el Congreso puede discriminar contra los residentes de la isla, sin tener en cuenta la mayor protección que normalmente se otorga a los grupos políticamente impotentes que han experimentado un historial de discriminación. No es así”.
Sostuvo que lejos de justificar una revisión de base racional ese estatus “único” de Puerto Rico obliga a una investigación judicial más minuciosa de las leyes nacionales de beneficios sociales que discriminan a sus residentes.
La moción plantea que “ese estatus ‘único’ es el resultado de ser la posesión de, pero no ser parte de, los ‘Estados Unidos’”.
“Ni extranjero ni nacional. Ni libres ni iguales. Es un recordatorio de que Puerto Rico no esté completamente incluido en la familia estadounidense y, por lo tanto, su gente puede ser tratada como ‘ciudadanos de segunda clase’”, agregó, usando expresiones del mismo Biden.
“Esta relación ‘incomparable’ es también lo que crea la condición de impotencia política sin un final a la vista. Es lo que le permite al Congreso extenderle y derogarle las disposiciones fiscales federales a voluntad, mientras somete a los residentes más necesitados de Puerto Rico a un nivel de pobreza que está por debajo del mínimo nacional, y luego señalar esa pobreza como base para retener el apoyo económico nacional”, abundó.
También destacó que cuando el Congreso creó que la ley del SSI no estaba basándose en el poder de la Cláusula Territorial, que le “permite” legislar distinto para los territorios, sino como un “legislador nacional”, por lo que no puede tratar distinto a una minoría.
Asimismo, apuntó que una legislación que se dirige a una región geográfica viola la protección igualitaria cuando los residentes de allí son objeto de un trato desigual de manera inadmisible.
Recalcó que la exclusión es “arbitraria e irracional” porque falla en cumplir con el propósito de la ley de tratar a los ciudadanos con discapacidades e indigentes de manera uniforme.
Además, la moción rechaza la aseveración del gobierno federal de que sería un beneficio unilateral para los residentes de Puerto Rico, porque supuestamente no aportan impuestos federales.
El abogado recordó que los beneficiarios nunca pagarán impuestos federales, sin importar donde vivan, pues son indigentes o sus condiciones no le permiten generar ingresos. También recordó a los jueces del Supremo que el SSI no toma en cuenta cuánto aporta cada estado al Tesoro al determinar el beneficio que recibirá cada participante del programa.
Ferré, igualmente, destacó que “Puerto Rico contribuye al Tesoro general en cantidades sustanciales, que menudo exceden las contribuciones netas hechas por estados”.
De otra parte, plantea que “el Congreso no puede dar una miseria a un pequeño subconjunto de una clase excluida”, en referencia a que Puerto Rico recibe $36 millones anuales para los participantes de otro programa, conocido como “Asistencia para Personas de Edad Avanzada, Ciegos o Discapacitados”, mientras que el SSI aportaría casi $2,000 millones cada año.
De igual manera, resaltó que al acudir al Supremo federal, el gobierno de Estados Unidos argumentó por primera vez que la exclusión tiene como objetivo fomentar la “autonomía local”, pues sugirió que el gobierno de Puerto Rico podría establecer su propio programa de beneficio para esa población.
“La noción de que el Congreso tenía la intención de otorgar mayor autonomía a Puerto Rico al negar SSI a sus residentes es particularmente inverosímil a la luz de (la Ley) Promesa”, expuso Ferré.
“Dado el mandato de la Junta (de Supervisión Fiscal) de reducir el gasto gubernamental, es poco probable que autorice un nuevo programa importante destinado a reemplazar los beneficios de SSI federales no disponibles, aún cuando tuviera un apoyo popular”, añadió el abogado, recordando que los residentes elegibles del territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte reciben el SSI.
El abogado apuntó que “este caso no se trata sobre la igualdad entre territorios o entre estados y territorios, sino sobre la igualdad de trato de los ciudadanos estadounidenses bajo un programa nacional”.
La moción solicitó al Supremo federal que derogue dos casos de hace varias décadas que mantuvieron la exclusión del SSI basándose en justificaciones racistas que surgen de los llamados “Casos Insulares” del Supremo de Estados Unidos, a principios del siglo pasado.
Plantearon que los habitantes de la isla pertenecen a “razas incivilizadas” y “alienígenas” que son “no aptas” para manejar todos los derechos y deberes de ciudadanía de Estados Unidos.
En ese sentido, Ferré recordó que los mismos jueces del Supremo federal en aquel entonces fueron los que dieron paso a la segregación racial en Estados Unidos con la doctrina de “separados pero iguales”.
Aunque décadas después otros jueces del Supremo federal eliminaron esa doctrina, “persiste hasta este día” la misma doctrina racista del territorio no incorporado.
“Si una práctica histórica de discrimen ilegal pudiera auto justificarse o que se le permita persistir porque el cambio pudiera ser muy incómodo, entonces (el caso de) Plessy (imponiendo la segregación racial) todavía sería una ley buena”, afirmó.
El gobierno de Estados Unidos tendrá hasta el 29 de septiembre de 2021 para responder a esta moción. Todavía no se ha establecido una fecha para argumentos orales.
El bufete Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, del cual Ferré es socio, ha estado involucrado en los Casos Insulares, desde que el abogado W.F. Kingsbury Curtis intervino en un litigio por impuestos de aduanas en el 1901.
“Este caso significa mucho para tantos puertorriqueños dentro y fuera de la isla, así como para los residentes de otros territorios estadounidenses que habitualmente están sujetos a un trato menos favorable en las leyes de bienestar nacional en comparación con sus compatriotas estadounidenses en el continente”, dijo Ferré, en declaraciones escritas.
“Curtis se siente honrado de presentar este histórico desafío de protección igualitaria en nombre del Sr. Vaello Madero”, afirmó.